La inteligencia artificial puede ayudar a interpretar una radiografía, alertar de una posible interacción entre fármacos o preparar el borrador de un informe clínico, pero no podrá decidir por sí sola qué diagnóstico recibe un paciente ni qué tratamiento debe seguir: esa responsabilidad seguirá siempre en manos del profesional sanitario.

El Ministerio de Sanidad ha publicado una guía que traduce a la práctica asistencial diaria las obligaciones ya recogidas en el Reglamento europeo de IA, el Reglamento General de Protección de Datos y la normativa sobre productos sanitarios, dirigida a médicos, enfermeros y demás profesionales que utilicen estas herramientas en la atención a los pacientes.

El documento parte de una idea central: la tecnología debe funcionar siempre como apoyo a la decisión clínica y nunca como sustituto de ella. Por eso exige lo que denomina una “supervisión humana significativa”, especialmente cuando se empleen sistemas considerados de alto riesgo.

La guía llega en un momento en el que este tipo de herramientas se extiende con rapidez por hospitales y consultas, desde el análisis automatizado de imágenes hasta la elaboración de resúmenes de historiales, lo que multiplica también los riesgos de errores, sesgos y un exceso de confianza en resultados que pueden parecer objetivos sin serlo.

El paciente debe saber cuándo interviene la IA

El Ministerio distingue entre un uso meramente informativo de la inteligencia artificial —por ejemplo, para consultar bibliografía sin introducir datos personales— y su incorporación real al proceso de diagnóstico o tratamiento.

Cuando se emplee un sistema con marcado CE para analizar una prueba o recomendar una actuación clínica, el profesional deberá informar al paciente de su uso y de sus implicaciones, en línea con su derecho a conocer y aceptar las actuaciones que forman parte de su atención sanitaria.

Los datos de salud, fuera de las herramientas no autorizadas

Una de las advertencias más claras de la guía afecta a los asistentes generalistas como ChatGPT, Gemini o Claude: no deben introducirse en ellos datos personales, y menos aún información de salud, si la plataforma no ha sido validada para uso sanitario ni garantiza el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

Copiar una historia clínica o una imagen médica identificable en un sistema no autorizado podría constituir una infracción grave, por lo que solo se admite el uso de información anonimizada; la misma cautela se aplica al envío posterior de resultados, que deberá hacerse siempre a través de canales internos y seguros.

La guía recuerda, además, que estas precauciones no solo protegen al paciente: el profesional que comparta información sanitaria a través de canales no autorizados también podría incurrir en responsabilidad.

La responsabilidad final sigue siendo del profesional

La inteligencia artificial carece de personalidad jurídica y no puede responder por sus propios errores. Ante un efecto adverso, según la guía, la responsabilidad recaerá en el profesional o en su empleador, sin perjuicio de que fabricantes y proveedores puedan responder por defectos del propio sistema.

El sanitario deberá validar cada recomendación antes de aplicarla y documentar cualquier discrepancia con el criterio del algoritmo, ya que en caso de conflicto prevalecerá siempre el juicio médico; el Ministerio alerta además sobre el riesgo de confiar en exceso en un resultado por el simple hecho de proceder de un sistema tecnológico.

Tareas administrativas sí, decisiones clínicas no

El documento sí permite que la IA asuma de forma autónoma tareas que no impliquen una decisión sobre la salud del paciente, como la organización de agendas, la priorización de citas o la elaboración de resúmenes automáticos de historiales.

También puede prestar apoyo en el análisis de imágenes, la predicción de riesgos o la elaboración de borradores clínicos, aunque cualquier resultado con impacto en el diagnóstico o el tratamiento deberá pasar siempre por la revisión de un profesional, priorizando en todos los casos herramientas validadas y con las certificaciones regulatorias correspondientes.